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NOTAS DE PRENSA


Declaraciones falsas de funcionarios crean graves perjuicios al Estado

Asunción, Paraguay, Domingo 07 de Octubre de 2007
Economía y Finanzas
OJO CIUDADANO, CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA

Declaraciones falsas de funcionarios crean graves perjuicios al Estado

La falta de honestidad de funcionarios públicos constituye el principal hecho de corrupción en la primera semana de setiembre, según las mediciones de impactos negativos que realiza la Universidad Católica (UC), a través del proyecto de investigación Ojo Ciudadano, con el apoyo del programa Umbral Paraguay.

La investigación de referencia que inició experimentalmente el Centro de Políticas Públicas de la UC, analiza las denuncias de corrupción mediante cuatro indicadores de impactos negativos, que fueron  diseñados por los responsables del proyecto.




(Juan Ramón Ibarra renunció a la presidencia de Copaco y fue nombrado ministro de Industria. Su administración soportó graves denuncias sobre presuntas irregularidades)

Las mediciones tienen un puntaje que va desde un mínimo de 1 y un máximo de 3 (a medida que aumenta la calificación el hecho es más grave). La puntuación se elabora analizando los siguientes indicadores: político, institucional, social y económico. Esta puntuación en cuatro niveles tiene el propósito de evaluar con qué importancia los hechos de corrupción afectan al Paraguay.

La primera medición de setiembre revela que el impacto más negativo entre las denuncias estudiadas son las declaraciones juradas con contenidos falsos, que fueron presentados a las autoridades del Ministerio de Hacienda por parte de funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Copaco, empresa estatal de telefonía.

De acuerdo a la evaluación, las declaraciones falsas alcanzan un impacto negativo en el ámbito económico de 3 puntos sobre un máximo de 3, al igual que en el ámbito institucional. Por otro lado, en los ámbitos político y social alcanzaron un impacto de 2 puntos.

La gravedad de la falta de honestidad observada en los funcionarios radica en que afectan intereses
sociales colectivos fundamentales en el contexto del mundo globalizado y de las telecomunicaciones.
Una precaria infraestructura en comunicaciones que urge de inversiones, además de limitar el atractivo para el flujo de capitales extranjeros y nacionales, son algunos de los puntos de mayor impacto. Por otro lado, además del efecto que produce en todos los sectores de la economía, el monto de la evasión afecta fuertemente las finanzas públicas.

Institucionalmente afecta con gravedad la manera en que el Estado paraguayo organiza sus instituciones debido a que Copaco es una empresa que ejerce el monopolio de la telefonía convencional en todo el territorio nacional, y deja abierto el debate sobre la pertinencia de un mejor sistema de control así como la viabilidad de las privatizaciones y la liberación del mercado de las telecomunicaciones. Con este hecho, el acatamiento de las reglas, la conformidad con el desempeño y la credibilidad de la institución se ven seriamente afectados.

Desde el punto de vista de los efectos políticos, los hechos denunciados muestran de qué manera la designación “partidista” configura un modelo de burocracia con poca eficiencia y eficacia para el cumplimiento de sus objetivos. En este sentido, aumenta las dificultades posibles para lograr inversiones significativas y alcanzar resultados satisfactorios con relación a los desafíos planteados por el contexto global. La incapacidad de implementar políticas públicas de acuerdo con las normas vigentes, la proyección de una pobre imagen y la disminución de la capacidad de influencia en la comunidad internacional son otros de los indicadores políticos e institucionales afectados.

Por último, pero no menos importante, puede hablarse de un impacto social moderado debido a que, por un lado, las comunicaciones afectan a la totalidad de la población nacional, y, por el otro, una pobre gestión dificulta el acceso de la ciudadanía a fuentes confiables de información y conocimiento.

En tiempos en que las comunicaciones son fundamentales para los negocios, la comercialización de productos, el envío y recepción de productos hasta remesas de dinero, este hecho impacta negativamente en la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad, restringe el acceso a la información y el conocimiento, la defensa y promoción de patrimonios culturales y limita la integración regional y mundial. Todos constituyen elementos que deben ser considerados entre los más altos intereses.


Más información puede ser encontrada en www.cpp.org.py

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